Las y los mexicanos merecemos pasar de la democracia representativa a la democracia participativa como nueva forma de acceso a la Justicia.
El próximo domingo 1 de agosto de 2021 se celebrará por primera vez en México una consulta popular en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La pregunta autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no en establecer los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos del pasado en México.
No lo pusieron fácil las y los ministros, al utilizar un planteamiento y una terminología muy ambiguos, haciendo difícil conocer el verdadero sentido de la pregunta. Para poder entenderlo mejor, la consulta pretende cuestionar a la ciudadanía si desea que se investigue a figuras políticas anteriores, específicamente expresidentes del país, y en caso de encontrar pruebas suficientes, que eventualmente se les enjuicie. Ni más ni menos.
Por décadas, hemos vivido la inacción o la lentitud de la justicia ante los agravios que desde el aparato gubernamental se han cometido en contra de la población mexicana. Uno de los efectos de esta impunidad sistemática es la creciente apatía y la normalización de la visión de que los gobiernos no representan los intereses de los gobernados y aún van en contra de éstos.
Por ello nos acostumbramos a que el autoritarismo y la visión neoliberal permearan en las acciones de gobierno: despojos, incremento de los índices de pobreza, baja calidad de los servicios públicos; hasta enriquecimiento ilícito, desapariciones forzadas, masacres y puestas en escena para simular la acción de la justicia.
¿Por qué es importante que la ciudadanía tome parte en un ejercicio de este tipo?
En primer lugar por la importancia que reviste todo ejercicio de participación ciudadana, pues significa el involucramiento de la gente en los asuntos públicos. La participación es pues fundamental, más allá de los temas que se aborden, no implicando con ello que éstos no sean importantes.
Se ha intentado señalar las dificultades en términos de costos y logística al organizar a nivel nacional un ejercicio de este tipo. Quienes creen que el costo-beneficio no es equilibrado, no toman en cuenta que una consulta nos permite a las y los individuos y a nuestra sociedad una práctica activa de la democracia y de la vida colectiva.
Es importante que podamos trascender la idea de la democracia como algo que sirve únicamente para elegir a nuestras y nuestros representantes. El involucramiento del pueblo en la consulta popular nos empodera, nos permite participar activamente en la toma de decisiones sobre temas de gran relevancia para la vida en común del país. El principal objetivo de la consulta popular es pasar, en suma, de la democracia representativa a la democracia participativa.
La participación ciudadana en los asuntos públicos, además, permite una mayor legitimidad en la toma de decisiones del poder ejecutivo; fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.
En términos estrictos, no es necesario que haya una consulta popular para que los expresidentes puedan ser llevados a juicio y eventualmente condenados. Según el abogado Luis Carrillo Estrada, al único que protege la Carta Magna es al presidente en funciones con el fuero y enumera cuáles delitos son causales para que se le retire ese fuero y que pueda ser juzgado.
Si los exmandatarios y funcionarios públicos no han sido sujetos a juicio por cualquiera de los ilícitos que hayan cometido antes, durante o después de su mandato, se debe únicamente a algo que podemos llamar un “pacto de impunidad”, en la que el gobernante en turno solapa y no ejerce acción alguna contra sus predecesores, pues también comete ilícitos que necesitan ser protegidos por su sucesor.
Una eventual consulta popular exitosa puede ser clave para acabar con ese pacto de impunidad, dotando al presidente en funciones de una nueva capa de legitimidad ciudadana si su gobierno decide ejercer las acciones necesarias para que finalmente los políticos que hayan cometido un agravio contra el pueblo puedan ser llevados ante la justicia, y a quienes se les compruebe, puedan ser objeto de las penalidades correspondientes.
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