He escrito antes que, con la llegada de la 4T, nuestro “laberinto de la soledad” desapareció. Lo derribamos. Ya no estamos solos, pues ha surgido una nueva fraternidad. Solo que al derribarse los muros del paciano laberinto nacional, el Minotauro quedó suelto y mantiene la impunidad de sus crímenes contra la sociedad mexicana. Ese ogro (“filantrópico”) no es sino la figuración del poder presidencial que abusó de su investidura para sacrificar al país en favor de una camarilla de socios delincuentes. El Monstruo es el simbólico sincretismo de más de 500 años de poder despótico sobre una sociedad que se volvió estadólatra como pocas en el mundo.
De ahí la importancia de la Consulta Ciudadana del próximo 1 de agosto: significará el primer intento —de muchos— por dar un golpe severo, mediante el voto consciente y voluntario, a una de las más enraizadas tradiciones de nuestra visión del mundo: la del poder piramidal, patrimonialista, patriarcal, que los mexicanos llevamos en la mente inconsciente, tanto individual como colectiva, en forma de tradición moral. Llegó el momento de realizar nuestra crítica de ese sincretismo que nos ha hechizado y subyugado durante siglos y mandatar al Estado la persecución de los delitos emanados del autoritarismo metahistórico que hemos padecido, sobre todo del 68 a la fecha.
La moralina remolona contra la consulta
Muchos “buenos ciudadanos” cuestionan —no tan inocentemente— la necesidad de la consulta sobre los expresidentes. Sus alegatos son toda una sociología de la tacañería burguesa, pues desembocan en un común denominador muy curioso, a saber: que “la justicia no se consulta”, que es “obligación” del Estado perseguir y sentenciar delincuentes sin preguntar al pueblo. Me recuerdan las maniobras de ciertos padres severos que regatean el mínimo reconocimiento a sus hijos cuando ante una excelente nota escolar se niegan a felicitarlos porque “es su obligación sacar buenas calificaciones”. La moral tacaña del regateo.
No hay ciencia para explicar este tipo de repelos espontáneos de las “buenas conciencias”, pero sí existe un método analógico muy útil para “comprender” el fenómeno: el viejo arte de las correspondencias. Comparemos las actitudes en distintos campos y se observarán las similitudes: “Es deber de las autoridades vacunarnos contra el Covid, ¡por qué agradecerlo!”; o “yo le trueno los dedos al mesero, sin el compromiso de darle propina, porque su chamba es atenderme bien”. Si a esas fuéramos, con el mismo desprecio, también sería “deber de los deportistas olímpicos ganar medallas, pues los mantenemos, así que no habría por qué aplaudirles”.
El método analógico nos indica que estos y otros ejemplos se corresponden con cierto tipo de mezquindad autoritaria, muy identificable, que apesta y todos huelen: la mezquindad empresarial; aquella que afirma: “para eso te pago, para que me des resultados”, o bien: “¿para qué ‘regalar’ dinero a los pobres?, mejor que trabajen: es su obligación”. En todos estos “razonamientos” son de la misma calidad a aquella negación que ostenta su desprecio a la consulta ciudadana: “para qué tanto gasto, si ya le pagamos al gobierno con nuestros impuestos para que cumpla”. Como si de veras se pudiese dar curso normal a innumerables demandas puestas contra los exmandatarios en las décadas anteriores.
Tras semejantes “razones” palpita un fariseísmo común que sencillamente rechaza que los subalternos —sean hijos, empleados o ciudadanos pobres— tengan derechos reconocidos y estímulos para ejercerlos. Repudian los cambios de espíritu de una nación, el entusiasmo y la alegría de los méritos conquistados por el pueblo. Sencillamente no lo soportan. Y para disimular su disgusto se “agarran” —por decirlo así— del discurso de “las obligaciones”. Es la moral clasista que intenta desalentar —tardíamente— la consulta ciudadana que está impregnada de otra ética, participativa y entusiasta, de la 4T.
La ley sí se consulta porque no se aplica contra los privilegiados
Porque en México todo mundo sabe de la existencia de dos leyes que regulan el comportamiento social: 1) La ley escrita en todo el ordenamiento jurídico —desde la Constitución, las leyes reglamentarias y los códigos penales hasta el último reglamento oficial; y 2) El privilegio (del latín “privus”: privado; y “legalis”: ley), es decir, leyes privadas, no escritas.
La invulnerabilidad de los expresidentes es un privilegio ostentado por el poder durante décadas. Ésa es la ley no escrita que se someterá a consulta para que se especifique y aplique un mandato popular conforme a la ley letrada. No es compatible una modernidad propia con la supervivencia de privilegios. La derecha finge demencia con su consigna perfectamente orquestada de que “la ley no se consulta, se aplica”, con lo cual evaden al privilegio como ley-fuerza que predomina en un país tan presidencialista como el nuestro. Así que hay que responder: “la ley SÍ se consulta porque NO se aplica contra los privilegiados”. Vamos por el Minotauro.
Fuente: Regeneración