El 'outsourcing' fue promovido originalmente bajo el argumento de que iba a colocar a México en las "grandes ligas de la globalización", poniendo al día su regulación en materia de trabajo.
La aprobación de la reforma sobre subcontratación laboral por el Congreso, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una "estocada" a los abusos cometidos en contra de trabajadores y la evasión de impuestos, aseguran especialistas en derecho laboral.
El 'outsourcing', como también se le conoce a esta modalidad de trabajo, fue promovido originalmente bajo el argumento de que iba a colocar a México en las "grandes ligas de la globalización", poniendo al día su regulación en materia de trabajo.
Las empresas reducirían sus costos y aumentarían sus niveles de productividad, generando un círculo virtuoso a favor del crecimiento de la economía. Un esquema que, además, haría más fácil conseguir empleo gracias a una mayor "flexibilización" del mercado laboral.
Sin embargo, las desventajas de esta modalidad de trabajo superan sus ventajas. Derechos fundamentales de los trabajadores se dejaron de lado. Bajo el 'outsourcing' no existen la estabilidad en el empleo ni las prestaciones laborales (seguridad social y derecho a la vivienda).
Los trabajadores tampoco pueden generar antigüedad, pues se les hace firmar contratos temporales y, en muchos casos, no participan en el reparto de utilidades de las empresas.
En tanto, el Estado carga con parte de los daños, pues a través de la evasión de impuestos las empresas de 'outsourcing' dejan un boquete en el presupuesto. De ahí que, una reforma orientada a modificar las reglas de una modalidad de trabajo que ha beneficiado sobre todo a grandes empresas, haya enfrentado resistencias antes de su aprobación definitiva.
No obstante, tan pronto fue enviada al poder legislativo para su discusión, las cámaras empresariales la rechazaron, arguyendo su inviabilidad en pleno apogeo de una doble crisis, económica y sanitaria.
La reforma, sostuvieron los líderes patronales, provocaría el despido masivo de trabajadores y colocaría en un serio predicamento a cientos de empresas, pues no contaban ni con el personal ni con la infraestructura suficientes para hacerse cargo de los servicios profesionales que contrataban a terceros.
Con las cámaras empresariales en contra, semanas después el presidente López Obrador dio un paso atrás, firmando un acuerdo con empresarios y sindicatos en el Palacio Nacional en el que se comprometía a revisar la iniciativa enviada al Congreso.
En concreto, el mandatario solicitó a los legisladores aplazar la discusión de la iniciativa, al tiempo que aceptó instalar una mesa de negociaciones para construir una iniciativa de reforma de ley consensuada. No fue sino hasta el 5 de abril cuando se logró un acuerdo.
Poner un "alto a los abusos"
El abogado Alejandro Olivares del Castillo comenta a RT que la iniciativa recién aprobada por el Congreso de la Unión busca detener la "ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores".
La degradación de los derechos laborales, sostiene, comenzó desde principios de la década de 1980, pero se profundizó con la reforma sobre subcontratación aprobada durante el Gobierno de Felipe Calderón. Asegura que quienes hicieron cambios a la ley en 2012 promovieron el 'outsourcing' como una "modalidad de trabajo a la altura de los retos de la globalización", sin embargo, el verdadero objetivo de la reforma era "deslindar a los patrones de sus responsabilidades".
Se calcula que por evasión fiscal, las empresas de 'outsourcing', que emplean a por lo menos 4.685.256 personas provocan una pérdida de ingresos al Estado de entre 300.000 y 500.000 millones de pesos al año.
Las "malas prácticas" no se hicieron esperar, dice, principalmente entre las grandes empresas, que incluso creaban empresas más pequeñas para "externalizar" parte de sus actividades (práctica conocida como 'insourcing').
Olivares del Castillo llama la atención sobre la defraudación fiscal como práctica recurrente. "Mediante el 'outsourcing' evadieron el pago de impuestos, entre ellos, el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)", asegura. Mientras que el 'insourcing' lo usaron para evitar el reparto de utilidades entre todos sus trabajadores, obteniendo así mayores ganancias.
Resalta también que se cometieron "muchos fraudes" a través de "empresas factureras" (dedicadas a la emisión de comprobantes fiscales que amparan actividades que no existen), contratadas para utilizar esquemas de 'outsourcing'.
Los daños provocados a las finanzas públicas están a la vista. Se calcula que por evasión fiscal, las empresas de 'outsourcing', que emplean a por lo menos 4.685.256 personas (según cifras del Censo Económico del INEGI 2019), provocan una pérdida de ingresos al Estado de entre 300.000 y 500.000 millones de pesos al año.
Otra de las prácticas habituales por parte de empresas de 'outsourcing', comenta Olivares del Castillo, consiste en registrar a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por debajo de los salarios que reciben realmente.
Alejandro Olivares del Castillo, abogado.
Los empresarios que se beneficiaron de esta modalidad de trabajo operaban como verdaderos 'mercaderes de personas', ofreciendo servicios a muchas empresas sin asumir ninguna responsabilidad.
De esta manera, los empresarios incumplen con sus obligaciones por concepto de seguridad social, aportando menos de lo que corresponde a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Y el derecho a la vivienda también se vulnera, pues se reducen las aportaciones patronales ante organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
"Los empresarios que se beneficiaron de esta modalidad de trabajo operaban como verdaderos 'mercaderes de personas', ofreciendo servicios a muchas empresas sin asumir ninguna responsabilidad", puntualiza el abogado mexicano.
"Son muchos los abusos cometidos y había que ponerles un alto, como abogado calculo que de todos los casos laborales que atiendo, por lo menos un 40% tiene que ver con subcontratación".
La reforma aprobada ayer por la Cámara Alta, asegura, representa un acto de justicia a favor de los trabajadores, pues combate las "malas prácticas" bajo este esquema de contratación.
Las claves de la reforma
De acuerdo con sus promotores, lo que se busca con la reforma es evitar los abusos en contra de trabajadores y el Estado. Se trata de prohibir la subcontratación de personal y regular la subcontratación de servicios y obras especializados diferentes del objeto social y principal actividad económica de la empresa.
Empresas que actualmente operan bajo este esquema de trabajo, deberán adaptarse a las nuevas disposiciones aprobadas por el poder legislativo. Los cambios a la ley establecen un plazo de 90 días para concretar la regularización de las empresas, que tendrán que incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina del patrón real. El sector público (a nivel federal), por su parte, tendrá hasta el 1 de enero de 2022 para adecuarse a las modificaciones a la ley.
En cuanto a las empresas que ofrezcan servicios y obras especializados, estas habrán de darse de alta en un padrón público de organizaciones de subcontratación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que será la encargada de renovar los permisos cada tres años, así como de verificar que estén al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y seguridad social.
Sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), la reforma pone un tope y propone dos modalidades. Por una parte, se ofrece la opción de fijar el límite en tres meses de salario, o bien si se prefiere, tomar en cuenta el promedio de participación que se recibió durante los últimos tres años.
De esta forma quedará eliminada la discrecionalidad y habrá un incremento de hasta un 156 % en el reparto de utilidades a favor de los trabajadores, de acuerdo con las estimaciones de la STPS.
Por último, se establece que, en caso de que las empresas no cumplan con las nuevas reglas serán acreedoras de multas de hasta por 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a unos 481.000 pesos (unos 24.050 dólares).
Asignaturas pendientes
Mientras que la reforma aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón buscó "congraciarse con las grandes empresas", la impulsada por el presidente López Obrador "hace justicia a los trabajadores", sentencia Alejandro Olivares del Castillo, especialista en derecho laboral.
"Se trata de una reforma que fue elaborada tomando en consideración la dignidad de los trabajadores, y representa sin lugar a dudas una 'medalla' para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación en materia laboral".
Sin embargo, si bien en muchos sentidos la reforma protege los derechos de los trabajadores, hay asignaturas pendientes por legislar para mejorar las condiciones del mercado laboral.
La aprobación de la reforma no implica que todos los trabajadores se integrarán formalmente a las empresas y que gozarán de prestaciones de forma automática. Con una economía que avanza a paso lento en la recuperación de empleo en medio de la pandemia, los empresarios bien podrían inclinarse por contratarlos bajo otra figura o, en el peor de los escenarios, optar por el despido.
Alejandro Olivares del Castillo, abogado.
Se trata de una reforma que fue elaborada tomando en consideración la dignidad de los trabajadores, y representa sin lugar a dudas una 'medalla' para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación en materia laboral.
Sobre este último punto, cabe destacar que el senador Napoleón Gómez Urrutia declaró en enero de este año que los grandes empresarios se han caracterizado por incumplir acuerdos con el Gobierno en medio de la crisis.
En diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador decidió aplazar la discusión sobre el 'outsourcing', recordó el legislador por Morena, los empresarios despidieron a 275.000 trabajadores para no pagarles sus utilidades.
"(Situación) que demostró que los organismos empresariales que presionaron para posponer la reforma (sobre subcontratación) no cumplieron con su compromiso (…) hay una resistencia brutal, pero no han cumplido los empresarios con el compromiso de no despedir", lamentó.
Por otra parte, aun cuando la reforma aprobada desincentiva el 'outsourcing', existen otros esquemas de contratación en los que los trabajadores carecen de prestaciones, por ejemplo, honorarios, asimilados al salario y derechos de autor, entre otros. El impulso de reformas de un espectro más amplio, orientadas a combatir no solamente el 'outsourcing', sino la informalidad del mercado laboral, es una asignatura pendiente.
Finalmente, Olivares del Castillo admite que el éxito de la reforma dependerá de la supervisión de la autoridad gubernamental. En este sentido, llama la atención sobre el papel a desempeñar por la STPS, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, que deberá vigilar a las empresas que ofrezcan servicios y obras especializadas.
"La Secretaría deberá tener 'santo y seña' de cada una de las empresas autorizadas (…) al momento de la supervisión, la STPS será la responsable de determinar que los servicios que se están subcontratando no formen parte del objeto social de la empresa, este es el principal 'candado’'que tiene esta reforma", concluye.
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